La metaevaluación de las evaluaciones de diseño de los programas sociales sujetos a reglas de operación en México

La promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 marcó el comienzo de una nueva etapa en el país al reconocerse por primera vez los derechos sociales (derecho a la educación, salud, vivienda, seguridad pública, entre otros) de los ciudadanos, con lo que dio inicio una legislación diferente en materia de salubridad y beneficencia pública. Es por eso que durante la segunda mitad del siglo XX surgieron varios programas sociales con el fin de romper el ciclo intergeneracional de pobreza, otorgando acceso a salud, educación, medicación y ayuda monetaria o en especie. Posteriormente, se exigió control social y rendición de cuentas, por lo que se aplicaron mecanismos de seguimiento y monitoreo sobre el desempeño estatal, lo cual posteriormente derivó en la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en el 2006, el cual es un organismo público descentralizado con la capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social, sobre la medición de la pobreza y la evaluación de los programas y acciones de desarrollo social. Toda acción pública parte de un problema público de carácter social que no termina de ser resuelto por la sociedad y que, por lo tanto, requiere de la intervención y participación de los poderes públicos. De acuerdo a Gary Becker (1995), una situación es reconocida como problema público cuando: i) existe una muestra de carencias objetivas en la sociedad y ii) cuando los actores con poder califican cierta situación como problema público. Las carencias en la población se refieren a una situación que afecta negativamente el bienestar, las posibilidades de desarrollo, la convivencia social, el medioambiente o la existencia de una comunidad. Estas carencias objetivas de la población se elevarán a la categoría de problema público cuando actores de poder – dentro y fuera del Estado – las identifiquen como tal a esa situación de carencias (Olavarría, 2007). De tal manera, a través de la acción de los actores de poder, la situación es denominada como problema público y es instalado en la agenda pública. Sin embargo, es importante mencionar que la inclusión de un problema en la agenda gubernamental es una condición necesaria, pero no suficiente, para que éste dé lugar a una política pública que intente darle solución, ya que, en primer lugar, se debe contar con una definición precisa del problema público, pues, sin esto, no se puede hablar estrictamente de política pública.