Lineamientos de política pública para coadyuvar al bienestar integral de niñas, niños y adolescentes hijos de mujeres en prisión en Nuevo León

El encarcelamiento de mujeres es un fenómeno en crecimiento a nivel mundial, y nuestro país no está exento a esta realidad. Sus efectos resuenan profundo en comunidades, y especialmente en sus familias, con una mirada poco enfocada pero que se complejiza cuando se integran las realidades y experiencias de los hijos que viven fuera de las prisiones. Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población penitenciaria en México aumentó un 4.5% de 2016 a 2021, ascendiendo de 211 mil personas en 2016, a 220.5 mil en 2021. Dentro de esta población, el porcentaje de mujeres aumentó ligeramente, pasando del 5% en 2016 al 5.7% en 2021. En el caso de Nuevo León, esta situación es particularmente alarmante, pues la población penitenciaria femenina aumentó de 335 mujeres en 2019 a 560 en 2023 (CNDH, 2019; CEDH, 2023). Este incremento ha generado desafíos específicos para las hijas e hijos de ellas, quienes representan un grupo vulnerable que ha recibido atención insuficiente en las políticas públicas a nivel federal, estatal y municipal. El presente trabajo se enfoca, entonces, en analizar los desafíos que presenta esta problemática, así como proponer lineamientos de política pública orientados a mejorar el bienestar integral de estos menores de edad, a los que se denominará NNAMEs (niñas, niños y adolescentes con referentes mujeres privadas de su libertad)1. Un aspecto crucial que justifica el enfoque en mujeres privadas de la libertad es la marcada desigualdad de género en las responsabilidades de cuidado que recaen sobre ellas. A lo largo de los años se ha observado que las mujeres, incluso en circunstancias de encarcelamiento, continúan siendo las principales figuras de cuidado en sus familias, y este fenómeno de género se refleja en datos contundentes: el 47% de las mujeres privadas de libertad con hijos reporta que sus hijas e hijos son cuidados por los abuelos, mientras que en tan solo el 26.2% de los casos, el cuidado es asumido por el padre. En contraste, cuando es el padre quien está privado de su libertad, la mayoría de los hijos (79.8%) son cuidados por sus madres, y solo un 14.8% están bajo el cuidado de los abuelos. Estos datos reflejan una fuerte desigualdad de género, donde las mujeres privadas de libertad asumen mayor responsabilidad familiar, mientras que los hombres en esta situación suelen delegar el cuidado de sus hijos (ENPOL, 2021). Es debido a esta carga desproporcionada sobre las mujeres, y la mayor vulnerabilidad que esto genera en sus hijos e hijas, por lo que se decidió enfocar el presente estudio en esta población, con el objetivo de proponer políticas públicas adecuadas para abordar sus necesidades específicas. Los hijos e hijas de mujeres en prisión representan una población altamente vulnerable. La separación forzada de su madre, una de las figuras principales en su desarrollo emocional y social, genera un profundo impacto en su bienestar integral. Como ejemplo de lo anterior, estudios indican que los NNAMEs enfrentan una serie de dificultades que van desde problemas de salud mental, conductuales, y educativos, hasta la exposición a condiciones de pobreza y estigmatización social (Murray et al., 2012). Es entonces evidente cómo la inestabilidad familiar, que está intrínsecamente vinculada al encarcelamiento materno, interrumpe su proceso de desarrollo en momentos críticos, afectando su capacidad para formar relaciones seguras, para romper ciclos de violencia y/o para integrarse de manera efectiva en su entorno social.